Medidas de reubicación y críticas por la saturación en Canarias
El Ejecutivo español ha informado que, a finales de julio, transferirá a 250 menores migrantes no acompañados desde Canarias a la red estatal de protección internacional. Esta iniciativa tiene como objetivo aplacar la saturación en los centros de acogida canarios, pese a que las autoridades locales la califican de tardía e insuficiente.
El Comité Interadministrativo, formado por el Gobierno central y el canario, acordó la medida tras un auto del Tribunal Supremo que obliga al Estado a asumir la responsabilidadde cerca de 1.000 menores solicitantes de asilo en Canarias, Ceuta y Melilla.
Cómo será el traslado de menores migrantes no acompañados a Canarias
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, confirmaron que en el Comité ha aprobado la acogida de 250 menores migrantes no acompañados en el centro Canarias 50, ubicado en Gran Canaria, en los próximos traslados. Este espacio depende de la administración central y ya se está adaptando para recibirlos.
El Gobierno canario, por su parte, acelerará los trámites para acreditar a la entidad que gestionará la atención de estos jóvenes. El compromiso es que los traslados comiencen a finales de julio, aunque desde Canarias critican que el proceso avanza con lentitud.
Críticas desde Canarias: “Un paso atrás”
Candelaria Delgado, Consejera de Bienestar Social de Canarias, ha calificado la medida como un “paso atrás”, alegando incumplimiento del documento del Tribunal Supremo por parte del Ejecutivo español. Además, Delgado ha denunciado que ningún menor de centros autonómicos ha sido derivado a la red estatal de protección internacional.
También, Delgado lamentó que, mientras en reuniones anteriores se hablaba de 650 plazas en dos centros, ahora solo se garantiza la apertura del Canarias 50, lo que no resuelve el “desbordamiento” de los recursos autonómicos.
Dudas sobre la temporalidad y suficiencia de las plazas
El vicepresidente del Gobierno de Canarias y líder del PP en la región, Manuel Domínguez, expresó su escepticismo sobre la adaptación del cuartel Canarias 50 para alojar a los menores migrantes no acompañados. “Yo no confío”, ha declarado, precisando que las 250 plazas en Gran Canaria y las 400 en Pozuelo (Madrid) son insuficientes para atender a los más de mil doscientos solicitantes de asilo en Canarias.
Domínguez ha insistido en que el Estado debe repartir a los menores por otras regiones con recursos apropiados para, de esta manera, evitar el “hacinamiento” en Canarias.
El conflicto por el reparto de menores migrantes divide al Gobierno y las CC.AA.
La polémica sobre la reubicación de menores migrantes no acompañados se ha acrecentado. Un total de 11 comunidades regidas por el Partido Popular, más Castilla-La Mancha y Melilla, han rechazado en la Comisión Sectorial de Juventud e Infancia las cifras propuestas por el Ejecutivo español, tachando el reparto de “ilegal” y paralizando el orden del día.
El Ministerio de Juventud e Infancia ha criticado a estas comunidades por retrasar un trámite esencial para proteger a los menores migrantes. Según datos oficiales, más de 15 comunidades acogen menos menores de los que les correspondería, mientras Canarias y Ceuta siguen saturadas.
El Gobierno estima redistribuir a 3.975 menores migrantes, especialmente en Andalucía (677), Madrid (647) y Comunidad Valenciana (571). Cataluña y Euskadi quedan exentas por tener sus sistemas de acogida al límite.
Las comunidades críticas argumentan que el Real Decreto-ley vulnera sus competencias y anuncian recursos ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Ejecutivo defiende su legalidad y ha destinado 100 millones de euros para cubrir los costes.
Conclusión: Un desafío humanitario y político
La llegada de menores migrantes no acompañados a España sigue siendo un desafío humanitario y político. Mientras el Gobierno busca soluciones, las críticas por la lentitud y la insuficiencia de las medidas persisten. Canarias sigue siendo la región más afectada, exigiendo una distribución equitativa y recursos adicionales para garantizar la protección de estos jóvenes.
Este tema seguirá en debate en los próximos meses, con posibles ajustes en la política migratoria y nuevas tensiones entre el Estado y las comunidades autónomas.
