El buque pesquero de nombre “Marshal Krylov”, que llevaba una bandera de Camerún, fue el causante de la descarga de fuel el pasado noviembre de 2023
La Marina Mercante impuso una multa de €250.000 al pesquero “Marshal Krylov”, que tiene una bandera de Camerún, por derramar cerca de 200 litros de fuel al mar, hecho que se produjo el pasado mes de noviembre de 2023 y que perjudicó significativamente a Las Palmas de Gran Canaria.
Específicamente, es una sanción de €200.000 por el derrame en sí y otra multa de €50.000 por no cumplir con el deber de informar el incidente. También, los culpables deberán compensar los gastos generados por los trabajos de limpieza de las aguas contaminadas a la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar).
El derrame del combustible se produjo en aguas del Puerto de Las Palmas el pasado 12 de noviembre de 2023 cuando se efectuaban las labores de traslado de fuel de un tanque a otro y en el transcurso de la inspección se pudo comprobar que hubo imprudencias al efectuarlas. También, el Ministerio reiteró que este suceso de contaminación hizo que la Capitanía se viera en la obligación de activar el Plan Marítimo Nacional en situación 1.
Además, se implementó el Plan Interior Marítimo del Puerto de Las Palmas y se dio inicio a una operación para el monitoreo, control y limpieza del vertido de combustible que, afortunadamente, no se esparció a las aguas portuarias.
Sin embargo, la Capitanía Marítima de Las Palmas, después de las acciones verificadoras pertinentes, puso en marcha un proceso administrativo sancionador a la empresa naval, a su capitán y al asegurador, proceso que ya finalizó y los responsables de la embarcación han realizado al pago.
El pasado 5 de septiembre del año en curso se procedió a activar el plan de emergencia PLATECA por riesgo de contaminación marina en Gran Canaria, con un derrame de fuel que perjudicó a diferentes municipios del archipiélago y que además partió de una operación semejante en el puerto de Las Palmas. De igual manera, se experimentó un suceso de contaminación marina el pasado mes de mayo de 2024, en este caso en una zona de fondeo en alta mar.
Canaria pide a Infancia que tutele directamente a los migrantes menores solicitantes de asilo
Por otro lado, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canaria, Candelaria Delgado, reclamó al Ministerio de Juventud e Infancia del Gobierno de España que tutele directamente a los migrantes menores no acompañados solicitantes de asilo.
La consejera instó a la ministra Sira Rego a que atienda la petición que se le hizo en octubre para que el Ministerio de Inclusión, mediante los dispositivos de atención de protección internacional, tutele directamente a los migrantes menores.
Canaria tiene ya “500 menores migrantes que tienen la situación de asilados y que, según la legislación, tendrían que estar bajo la tutela del Estado”. Por esta razón, recordó que ha transcurrido “más de un mes” y siguen “sin responder a este requerimiento” lo que conlleva a que “la única” solución que queda al Gobierno Canario “es presentar un contencioso para lograr que los derechos de estos menores sean respetados y atendidos de manera solidaria”.
Delgado pidió a Rego que lidere la solicitud de fondos provenientes de Europa y que el propio vicepresidente de la Comisión Europea saliente, Margaritis Schinas, confirmó en Canarias que “estaban destinados para centros de primera acogida” en la isla. La consejera asegura que, “es el Estado el que debe tomar el control de este financiamiento porque Canaria no es competente”, además, comprende que debe “reclamar los mecanismos de solidaridad de la Unión Europea para la distribución de jóvenes ya que hay estados que se han ofrecido a su acogida”.
Con respecto al Real Decreto que regulará la cesión directa del subsidio de €50.000.000 a la Comunidad Autónoma para la asistencia de los menores migrantes no acompañados, la ministra informó de que el próximo martes 10 de diciembre se aprobará en Consejo de Ministros, y después se trasladarán a Canaria.
Delgado mencionó que, en la actualidad, más de 5.400 jóvenes inmigrantes se reparten en los 86 establecimientos que están disponibles en las islas y que esto representa una “presión de un 300 por ciento más de su capacidad”. El cómputo de la inversión que tiene que hacer el Gobierno de España para asistir a estos jóvenes “es de €160.000.000 porque no es solo la atención diaria en alojamiento y sustento, sino el gasto en el sistema judicial, policial, en educación y salud”.
