Detenidos por vender información confidencial de altos cargos a través de Telegram
La Audiencia Nacional ha decretado la libertad de dos jóvenes de 18 y 19 años detenidos en Gran Canaria por su presunta implicación en un grave caso de filtración de datos personales de altos cargos políticos, incluyendo ministros del Gobierno, dirigentes socialistas, ex altos cargos del PP e implicados en el caso Koldo. Los arrestados, que operaban a través de Telegram y criptomonedas, habrían creado un lucrativo negocio ilegal vendiendo información sensible antes de ser interceptados por la Policía Nacional.
Detalles de la investigación y perfil de los detenidos
Los dos jóvenes, cuyas identidades se mantienen en reserva, fueron arrestados el pasado martes en un operativo coordinado por la Unidad de Delitos Telemáticos de la Policía Nacional. Este jueves han declarado ante el juez Francisco de Jorge, del Juzgado Central de Instrucción Nº 1 de la Audiencia Nacional, que investiga el caso bajo secreto de sumario desde que se produjo la primera filtración hace dos semanas.
Según fuentes cercanas a la investigación consultadas por este medio:
- El principal sospechoso, de 19 años, tendría conocimientos avanzados de informática y sería el responsable directo de acceder y extraer los datos sensibles
- Su cómplice, de 18 años, se habría encargado de la monetización del material, estableciendo contactos con compradores a través de foros clandestinos
- Ambos utilizaban nombres falsos en internet y tenían cuentas en plataformas como Discord y Telegram para comunicarse con clientes
Modus operandi: así vendían los datos robados
El análisis policial ha revelado un sofisticado esquema de comercialización de la información robada:
- Acceso ilegal: Penetraban en bases de datos públicas y privadas mediante técnicas de hacking
- Clasificación: Organizaban la información por categorías (ministros, políticos, casos judiciales)
- Difusión: Publicaban muestras gratuitas en canales de Telegram con más de 90.000 seguidores
- Venta: Ofrecían paquetes completos a través de mensajes privados
- Cobro: Utilizaban criptomonedas (principalmente Bitcoin y Monero) para recibir pagos
“El principal sospechoso habría obtenido importantes beneficios económicos con esta actividad ilícita”, señala un comunicado oficial de la Policía Nacional.
Personalidades afectadas por las filtraciones
Primera oleada (mediados de junio)
Entre las víctimas más relevantes se encuentran:
- Gobierno actual:
- María Jesús Montero (Vicepresidenta y ministra de Hacienda)
- Fernando Grande-Marlaska (Interior)
- Óscar Puente (Transportes)
- Luis Planas (Agricultura)
- Diana Morant (Ciencia)
- Ana Redondo (Derechos Sociales)
- Elma Saiz (Inclusión)
- Partido Popular:
- Elvira Rodríguez (exministra)
- Dolores de Cospedal (expresidenta de Castilla-La Mancha)
- Rafael Catalá (exministro de Justicia)
- Isabel García Tejerina (exministra de Agricultura)
- Ana Pastor (expresidenta del Congreso)
Segunda filtración (durante la investigación)
Cuando las autoridades ya estaban investigando, se produjo una nueva filtración que incluía:
- Francina Armengol (Presidenta del Congreso)
- Salvador Illa (Presidente de la Generalitat)
- Implicados en el caso Koldo:
- José Luis Ábalos (exministro)
- Koldo García (exasesor)
- Santos Cerdán (ex número tres del PSOE)
- Víctor de Aldama (empresario investigado)
Reacción institucional y medidas de seguridad
El Ministerio del Interior ha convocado una reunión de emergencia con el Centro Criptológico Nacional (CCN) para evaluar posibles vulnerabilidades en los sistemas de protección de datos del Estado. Paralelamente:
- Se ha activado un protocolo especial de ciberseguridad para altos cargos
- El Departamento de Delitos Telemáticos ha reforzado su plantilla
- Se está analizando la posible conexión con otros casos similares en Europa
Implicaciones legales y posibles consecuencias
Aunque los detenidos han quedado en libertad, el caso sigue abierto y podrían enfrentarse a:
- Delito contra la intimidad (art. 197 CP): Hasta 4 años de prisión.
- Revelación de secretos (art. 278 CP): Hasta 3 años.
- Delitos informáticos (Ley 5/2010): Multas de hasta 600.000 euros.
- Delito contra la Seguridad del Estado (art. 573 CP): Hasta 6 años en casos graves.
Expertos señalan que la juventud de los implicados y la falta de antecedentes podrían influir en una posible condena menor, aunque la gravedad de los hechos es innegable.
Reflexión final: un caso paradigmático
Este incidente pone de manifiesto varios aspectos preocupantes:
- La vulnerabilidad de los datos personales incluso de las máximas autoridades.
- El auge de la ciberdelincuencia juvenil, con perfiles cada vez más jóvenes.
- Los retos para la justicia en casos de delitos digitales transfronterizos.
- La necesidad de mayor formación en ciberseguridad a todos los niveles.
Las autoridades insisten en que la investigación sigue activa y no descartan nuevas detenciones. Mientras tanto, el caso sigue generando un intenso debate sobre la protección de datos en la era digital.
