La nueva normativa permitirá identificar y multar a quienes necesiten auxilio tras saltarse las advertencias
El Gobierno de Canarias trabaja ya en una nueva ley de Protección Civil y Emergencias que incluirá, por primera vez, un régimen sancionador específico para los rescates por imprudencia. Así lo ha anunciado este miércoles el director general de Emergencias, Fernando Figuereo, durante una rueda prensa celebrada con motivo del Día Europeo del 112.
Figuereo ha sido tajante al aclarar el espíritu de la norma: no se trata de castigar a quien sufre una caída fortuita mientras practica deporte o se resbala en un sendero, sino de actuar contra quienes, con plena consciencia, deciden ignorar las señales de peligro. El objetivo es poner coto a los rescates por imprudencia que, además de poner en riesgo vidas humanas, generan un importante coste económico a las arcas públicas.
El problema de la filiación: el primer escollo a solventar
Actualmente, el servicio de rescate no se factura a los usuarios en Canarias. El motivo, según ha explicado Figuereo, es de índole administrativa: los rescatadores no son funcionarios, sino personal laboral de las empresas concesionarias del servicio. Esta condición les impide abrir un expediente para identificar formalmente a la persona rescatada.
La nueva ley solventará esta traba. El director general de Emergencias ha detallado que se prevé la participación activa de la Policía Autonómica, cuyo despliegue se está completando en todas las islas. Serán estos agentes los encargados de filiar al rescatado y levantar el acta correspondiente si se confirma que se ha cometido una negligencia.
«Queremos que sea la Policía Autonómica quien filie a la persona rescatada si se prueba que se ha cometido una imprudencia, abriendo así el expediente oportuno», ha señalado Figuereo.
Conductas de riesgo: bandera roja y zonas balizadas
Para evitar cualquier atisbo de controversia, el director general ha puesto ejemplos muy concretos de lo que la ley considerará una conducta sancionable. El paradigma de los rescates por imprudencia se encuentra en el litoral: bañarse o acceder al agua cuando está izada la bandera roja, o saltarse el cierre de una zona de baño señalizada y balizada.
Figuereo ha mencionado dos casos recientes: el incidente de Los Charcones, en Yaiza (Lanzarote), y el ocurrido en el litoral de Santiago del Teide (Tenerife). En ambos puntos, los accesos estaban clausurados por alerta de fenómenos costeros, y aun así se produjeron accidentes. «Eso es una imprudencia», ha subrayado.
El coste de la emergencia: una hora de helicóptero son 2.000 euros
Uno de los argumentos de peso para impulsar esta normativa es el elevado coste de los operativos de rescate. Aunque las cifras se actualizarán en la nueva ley, Figuereo ha recordado que, tomando como referencia las cuantías de 2012, una hora de vuelo de un helicóptero del GES asciende a 2.000 euros.
A esta cantidad hay que sumar los dispositivos prolongados. El director del 112 Canarias, Moisés Sánchez, ha puesto el foco en las denominadas «emergencias complejas»: accidentes múltiples con varios afectados o incluso desaparecidos que obligan a activar equipos de búsqueda durante días. «Eso tiene un precio, porque la emergencia no es gratis», ha sentenciado.
Turistas, el principal colectivo destinatario de las sanciones
La futura ley también presta especial atención al perfil del infractor. Según ha reconocido el propio Figuereo, la mayoría de los rescates por imprudencia en Canarias tienen como protagonistas a visitantes extranjeros. Por ello, el Ejecutivo autonómico ya mantiene reuniones con el sector turístico para articular mecanismos de información y, llegado el caso, de reclamación.
El objetivo es doble: por un lado, disuadir de conductas temerarias durante las vacaciones; por otro, garantizar que, si se produce el rescate, la sanción pueda hacerse efectiva aunque el infractor haya abandonado ya el país.
Canarias se suma así a otras comunidades autónomas que ya estudian o han implantado tasas por rescates por imprudencia, en un debate que enfrenta la libertad individual con la responsabilidad colectiva y el uso eficiente de los recursos públicos.
