Afectados de El Paraíso y Corazoncillo exigen claridad sobre el futuro de sus propiedades y una indemnización justa
Casi cuatro años después de que el volcán Tajogaite de La Palma diera por finalizada su erupción, una herida permanece abierta para quienes lo perdieron todo en los primeros y más dramáticos momentos. Los vecinos que residían en El Paraíso y Corazoncillo, los primeros núcleos urbanos devorados por la lava, han iniciado una movilización pública. Lo hacen desde la indignación y la “total incertidumbre” sobre el futuro de sus propiedades, situadas en el corazón de la zona cero del volcán, y ante la falta de información clara sobre sus derechos a indemnización.
Este colectivo de afectados, cuyos terrenos quedaron bajo un régimen jurídico de protección cautelar (la denominada ‘zona roja’), se siente abandonado por las administraciones. Mientras otros damnificados han podido volver a sus casas o al menos tienen una hoja de ruta para la reconstrucción, ellos permanecen en un limbo. Su principal queja es la falta de comunicación: como legítimos propietarios, exigen saber cuál será la delimitación final del espacio natural protegido que se planea crear en torno al cono volcánico y, sobre todo, qué compensaciones económicas recibirán por las limitaciones de uso que esto impondrá a sus antiguas propiedades.
Una movilización creciente: de la reunión privada a la protesta pública
La frustración acumulada ha llevado a un grupo de estos propietarios a pasar a la acción. Tras mantener una reunión privada en la que constataron su común malestar, han decidido hacer visible su protesta. Han convocado un encuentro público para el próximo domingo 14 de diciembre al final de la carretera de Tacande, en el municipio de El Paso. La fecha no es casual: coincide con la conmemoración del cuarto aniversario del fin de la erupción, un recordatorio amargo de lo que perdieron.
En este acto, al que invitan a sumarse a cualquier persona solidaria con su causa, buscarán dar voz a un agravio que consideran doble. Por un lado, la incertidumbre sobre sus bienes; por otro, el trauma de una evacuación que nunca llegó de forma oficial. Los vecinos ponen el acento en que los habitantes de El Paraíso y Corazoncillo no fueron avisados ni evacuados por las autoridades cuando comenzó la erupción, lo que les obligó a una huida caótica, exponiendo sus vidas.
El trauma de la huida y el “agravio” de la incertidumbre actual
“Pudimos haber muerto, solo la suerte impidió que esta catástrofe tuviera además un coste en vidas”, testifican con fuerza estas personas. Su relato describe una gestión de la emergencia que “falló en el peor momento”, obligándoles a escapar con lo puesto y, en el caso de El Paraíso, sin posibilidad de regresar jamás para rescatar enseres, fotografías o mascotas. Este episodio, aseguran, ha dejado “daños psicológicos de inmensa gravedad” en muchas personas que aún no se han recuperado.
A este trauma se suma, hoy, lo que califican como un “agravio comparativo”. Mientras su futuro sigue en el aire, observan cómo se organizan visitas turísticas guiadas a la zona cero del volcán e incluso se planea instalar la futura sede del Centro Vulcanológico Nacional en esos mismos terrenos, todo sin que medie, según denuncian, una consulta o consenso con los propietarios. Esta situación la perciben como un “trato discriminatorio” que los deja “sin derechos” sobre lo que fue suyo.
Exigencias claras: información, hoja de ruta e indemnización
Ante este bloqueo, los afectados han decidido elevar formalmente su petición de una reunión con la consejera de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, y con el consejero de Transición Ecológica, Mariano H. Zapata, quien presidía el Cabildo de La Palma durante la erupción. Hasta ahora, los contactos con representantes políticos no han arrojado soluciones concretas.
Los vecinos comprenden la complejidad técnica, legal y ambiental del proceso de reconstrucción y ordenación de la zona cero del volcán. “Se precisa tiempo para una reconstrucción justa, bien planificada y responsable”, afirman. Sin embargo, critican con firmeza que se les mantenga en una “incertidumbre absoluta” sin transparencia sobre los trámites en curso. “Exigimos información, pasos firmes y una hoja de ruta clara”, recalcan.
Sus demandas son concretas y las consideran “imprescindibles”: una vez se declare oficialmente la zona protegida, exigen ser informados de los siguientes pasos, conocer si se les indemnizará, a qué precio, si podrán conservar la propiedad de los terrenos y, en caso de que se permita algún uso, si podrán reconstruir lo que tenían. “No pedimos privilegios, sino justicia, respeto y claridad”, reiteran. Su movilización es un grito por recuperar la dignidad y por saber, por fin, “qué será de sus hogares, sus tierras y sus vidas” tras haberlo perdido casi todo ante la lava del Tajogaite.
