Recobran los pactados en el año 2022 por conformidad entre todas las comunidades, pero agregan el esfuerzo anterior de cada una
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, han definido este jueves 06 de febrero, los criterios que serán establecidos para la distribución de los menores inmigrantes no acompañados en la isla y en la comunidad autónoma de Ceuta.
Ambas partes han considerado el pacto como un enorme avance en las negociaciones para solventar la crisis migratoria que perjudica principalmente a los archipiélagos, pero la verdad es que ni siquiera han sabido acordar si esto será plasmado en un decreto ley o en un real proyecto de ley.
Hasta ahora, el Gobierno de España y el de Canarias han acordado recobrar la esencia de los criterios definidos por conformidad entre todas las comunidades autónomas en una conferencia sectorial celebrada en el año 2022, pero han agregado, en un evidente intento de atraer los votos de Junts y estancar los del Partido Nacionalista Vasco (PNV), uno que busca atenuar la carga de menores extranjeros que deberían asumir comunidades autónomas como Cataluña, así como el País Vasco.
Aparte de la población, el producto interior bruto (PIB) y el índice de desempleo, indicadores todos ellos por los que tanto la región de Cataluña como el País Vasco deberían acoger más menores que otras localidades, se suman la situación de migración y el esfuerzo anterior de cada autonomía. O sea, si desde que explotó la crisis migratoria que ha colapsado la capacidad de acogida de Gran Canaria hay comunidades autónomas que han acogido menores y soportan mayor presión migratoria que otras, esto también se tendrá en consideración al momento de asignar la distribución.
En total, serán reubicados 4.900 menores inmigrantes: 4.500 que actualmente están en Gran Canaria y 400 que acoge la ciudad de Ceuta. Esto, siempre que, evidentemente, el plan del Ejecutivo consiga un apoyo mayoritario en el Congreso de los Diputados, en el cual el pasado mes de julio se llevó un escandaloso revés en su primer intento al fallar su modificación del artículo 35 de la ley de extranjería con los votos en contra de Partido Popular, Junts y Vox. Con ella, la ministra Rego ha reiterado este mismo jueves, que se conseguiría una solución estructural y no contener la “situación puntual” que se está debatiendo ahora.
Por su parte, el presidente canario ha exigido al Gobierno central que sea aprobado un decreto, la medida más rápida, para comenzar la distribución de los menores inmigrantes en Gran Canaria y Ceuta, pero el Gobierno ha estado estudiando si es posible usar esta vía en un asunto que afecta a los derechos fundamentales o si es ineludible un proyecto de ley. Este tema no ha sido solventado este jueves en el encuentro mantenido entre Clavijo y Rego en la ciudad de Madrid, en la sede del Ministerio de Juventud e Infancia, pero, a pesar de ello, el presidente de Canarias ha considerado la reunión como “muy provechosa”.
Tanto el Partido Nacionalista Vasco (PNV) como Junts habían exigido que la presión migratoria de cada comunidad autónoma y la acogida previa se tuvieran en consideración en vista a nuevas distribuciones de menores, pero aún está por ver en qué medida tranquiliza esto a sus comunidades y si los nuevos criterios definidos ponen en pie de guerra a las demás comunidades autónomas. Fuentes del Gobierno central y del canario han negado que se les haya excluido de ninguna manera y mencionan a parámetros objetivables que creen un equilibrio y, especialmente, mejoren las condiciones de los menores inmigrantes.
No se ha realizado una simulación
Por lo pronto, según fuentes oficiales, no se ha debatido de cifras ni tampoco se ha realizado una simulación de cuántos menores extranjeros debería asumir cada comunidad. Incluso ni si quiera se ha aclarado cuál será la ponderación de cada criterio para conocer si, por ejemplo, tendrá más peso la población de cada territorio o ese esfuerzo anterior que se introduce actualmente en la ecuación. El ministerio será quien, con los datos en mano, establezca cuántos menores conciernen a cada comunidad autónoma. Y allí se mirará hasta qué punto, si es que lo son, salen beneficiadas la región de Cataluña y el País Vasco.
Cuando se le preguntó a Rego acerca de si esto contentará a Junts, la ministra únicamente ha afirmado: “Estamos trabajando para que haya los pactos necesarios para llevarlos al Congreso”. Además, ha asegurado que el Ejecutivo continua negociando con los independentistas cómo se define el traspaso de la gestión de migración. Otra batalla.
