El Estado asumirá la tutela de menores migrantes no acompañados tras sentencia del Tribunal Supremo
Tras meses de tensiones y negociaciones, el Gobierno central y el Ejecutivo canario han cerrado finalmente el acuerdo para que el Estado asuma la tutela de mil menores migrantes no acompañados que actualmente se encuentran en Canarias solicitando protección internacional. Este histórico acuerdo, que se materializará en los próximos días, llega justo antes del plazo límite establecido por el Tribunal Supremo este viernes 27 de junio.
Detalles clave del acuerdo de acogida
El documento consensuado establece un protocolo de actuación integral que incluye: incorporación inmediata al sistema nacional de asilo de todos los menores afectados; evaluación individualizada de cada caso con revisiones semanales; mecanismos de coordinación permanente entre administraciones; garantías jurídicas para los derechos de los menores y distribución progresiva en otras comunidades autónomas.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha confirmado que el acuerdo está “prácticamente cerrado” tras intensas negociaciones que incluyeron comunicaciones “incluso durante los fines de semana”. Según Torres, el diálogo con el presidente canario, Fernando Clavijo, ha sido constante y fructífero.
Contexto judicial: La presión del Tribunal Supremo
La urgencia del acuerdo responde directamente al último requerimiento del Tribunal Supremo, que en su sentencia de marzo estableció: plazo perentorio hasta este viernes para acreditar avances; obligación estatal de hacerse cargo de los menores; procedimiento acelerado (6 días para formalizar solicitudes de asilo); coordinación obligatoria con Canarias en máximo 15 días; y advertencia explícita de posibles sanciones por incumplimiento.
La crisis humanitaria en Canarias
Las islas Canarias llevan meses alertando sobre el colapso total de su sistema de protección de menores, especialmente grave en el caso de los solicitantes de asilo, cuya gestión corresponde constitucionalmente al Estado. Los principales problemas documentados incluyen: Déficit crónico de plazas en centros de acogida (actualmente al 178% de capacidad); saturación extrema de los servicios sociales autonómicos; retrasos de hasta 8 meses en trámites documentales básicos; falta de recursos para atención psicológica especializada; e imposibilidad material de realizar seguimientos individualizados.
Avances administrativos recientes
En paralelo a las negociaciones políticas, el Ministerio del Interior ha implementado medidas urgentes que incluyen: Tramitación acelerada de 537 autorizaciones de residencia; apertura inmediata de 213 nuevos expedientes de asilo; renovación automática de 124 permisos vencidos; y plan de contingencia para habilitar 800 plazas adicionales en Canarias.
El desafío pendiente: La distribución solidaria
Pese a estos avances, organizaciones sociales y varias comunidades autónomas critican que el nudo gordiano sigue siendo la distribución territorial equitativa. El sistema nacional prevé un reparto proporcional basado en criterios demográficos (población de cada CCAA), capacidad instalada de centros de acogida, recursos económicos disponibles y especialización territorial en protección infantil.
Próximos pasos operativos
Las autoridades han programado para hoy una reunión telemática urgente entre representantes del Ministerio de Inclusión, delegados del Gobierno canario, técnicos de servicios sociales estatales y juristas especializados en protección infantil.
Los puntos clave a definir incluyen calendario exacto para las transferencias, mecanismos de financiación específicos, protocolos médicos para menores con traumas, sistemas de seguimiento educativo y social, y vías de reclamación para casos especiales.
Impacto humanitario y social
Este acuerdo representa un hito histórico en la protección de los derechos de los menores migrantes no acompañados, un colectivo especialmente vulnerable que representa el 23 % del total de llegadas irregulares a Canarias en 2024. Los expertos destacan que estos niños y adolescentes requieren: Atención psicológica especializada (el 68 % presenta TEPT), acceso inmediato a educación reglada, tutela jurídica efectiva durante todo el proceso y programas de integración a medio y largo plazo.
Organizaciones como Save the Children y CEAR han valorado positivamente el acuerdo, aunque insisten en la necesidad de crear mecanismos de supervisión independiente que garanticen transparencia en todo el proceso, participación de entidades sociales, rendición de cuentas periódica y evaluación continua de resultados.
